El proyecto señala que la prisión preventiva actualmente sirve como herramienta de control y represión penal anticipada de la sentencia, decisión que frecuentemente se adopta con sesgos, provocando discriminación y abusos en su aplicación. Por ello, busca que al decretar la medida cautelar más gravosa, el tribunal deba fundamentar, por ejemplo: que se justifique la pena probable, la proporcionalidad, etc.
En su informe la Corte Suprema señaló que el proyecto de ley parte de un diagnóstico acertado y con consenso dentro de los actores y las instituciones que forman parte del sistema de justicia penal y es que existe un uso excesivo y extensivo de la prisión preventiva, lo que denota un uso que la lleva a alejarse de sus fines cautelares y a transformarse, en muchos casos, en una pena anticipada.
