Con disparos al aire fue recibida la comitiva que presidía la ministra del Interior, Izkia Siches, en el marco de una gira que realizó la autoridad por La Araucanía, con el objetivo de sostener diálogos con comunidades de la zona.
De acuerdo con lienzos y carteles de advertencias encontrados en la cercanía del lugar, los motivos del ataque serían, que las comunidades no estarían dispuestas a dialogar con el gobierno mientras existan “presos políticos mapuches”, una situación que vuelve a instalar el tema sobre la necesidad de un Estado de Excepción en la región.
Sin embargo, desde el pasado 26 de marzo fue levantado el Estado de Excepción Constitucional. A cambio, el gobierno comprometió mayor dotación policial, vehículos y equipamiento, junto con fomentar el diálogo, con el objetivo de buscar una salida pacífica a la violencia rural y las demandas territoriales de comunidades indígenas en la zona.
En esta línea, Juan Enrique Suarez, gerente general de Fiscalía Privada, comentó la importancia de mantener un Estado de Excepción en la macro zona sur y desarrollar un trabajo de inteligencia mayor, que permita no sólo adelantarse a estos hechos, que alteran el orden y la seguridad de una zona que ha sido foco de delitos durante los últimos años, si no que poder determinar la identidad de los autores, con el objeto de poder llevarlos ante los tribunales de justicia.
De acuerdo a un estudio efectuado por Fiscalía Privada, durante los primeros 3 meses del año se registraron en la zona más de 50 eventos delictuales, principalmente ataques incendiarios (67%) y ataques con uso de armamento (19%). Los objetivos principales fueron empresas forestales (35%), civiles (19%) y empresas (19%), afectando principalmente a las comunas de Arauco (19%) y Lumaco (8%).
