Debido a la constante evolución de los delitos cibernéticos, durante julio se derogó la ley N° 19.223, normativa legal que regía y tipifica los delitos informáticos en Chile, en favor de la nueva Ley N° 21.459, que contempla nuevos delitos y entrega nuevas facultades para su persecución.
La modificación a la ley responde a exigencias del Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como Convenio de Budapest, un acuerdo internacional para combatir el crimen organizado transnacional, del cual Chile es parte.
En concreto, la nueva normativa incluye ocho delitos: ataque a la integridad de un sistema informático; acceso ilícito; interceptación ilícitas; ataque a la integridad de los datos informáticos; falsificación informática; receptación de datos informáticos; fraude informático; y abuso de los dispositivos. Además, le entrega a la Policía facultades similares a las que poseen para investigar delitos asociados al tráfico de drogas, como lo son la interceptación de comunicaciones y la utilización de agentes encubiertos.
