A fines de julio, la Corte Suprema envió al Senado un informe analizando los contenidos del proyecto de ley que busca modificar los criterios para determinar la prisión preventiva. La iniciativa, presentada en septiembre de 2021, busca modificar el Código Procesal Penal para “incorporar criterios de decisión objetivos y controlables en la determinación de la prisión preventiva”.
El proyecto señala que la prisión preventiva actualmente sirve como herramienta de control y represión penal anticipada de la sentencia, decisión que frecuentemente se adopta con sesgos, provocando discriminación y abusos en su aplicación. Por ello, busca que al decretar la medida cautelar más gravosa, el tribunal deba fundamentar, por ejemplo, que se justifique la pena probable y la proporcionalidad.
En su informe el máximo órgano jurisdiccional del país señaló que el proyecto de ley parte de un diagnóstico acertado y respecto del cual pareciera existir consenso dentro de los actores y las instituciones que forman parte del sistema de justicia penal, cual es, que existe un uso excesivo y extensivo de la prisión preventiva, lo que denota un uso que la lleva a alejarse de sus fines cautelares y a transformarse, en muchos casos, en una pena anticipada”.
