En un mundo cada vez más interconectado y digitalizado, las empresas deben tener un modelo preventivo que las ayude a cumplir con las múltiples exigencias regulatorias y evitar situaciones de riesgo debido a relaciones con personas vinculadas al cohecho, terrorismo y Personas Políticamente Expuestas (PEP).
¿Cómo mitigar estos riesgos? Fiscalía Privada establece un sistema de alertas para informar cuando una empresa esté en riesgo de generar una relación con personas asociadas a cierto tipo de delitos (ley 20.393 – 19.913), de manera de potenciar su modelo preventivo para resguardar el negocio y cumplir con auditorias y regulación local.
Para eso, identifica personas, proveedores o socios de negocios a través de listas PEP nacionales, con información oficial delictual única con RUT, actualizada a diario para evitar la duplicidad de personas.
El sistema considera dos tipos de listas PEP nacionales:
- La ampliada, que contiene todos los registros de personas que trabajan en la administración pública central (aprox. 200.000).
- La lista PEP que exige la Unidad de Análisis Financiero, que son unas 2.000 personas con sus respectivos RUT, y parientes hasta segundo grado de consanguinidad.
La ley 19.913 dispone que ciertas entidades están señaladas como Sujetos Obligados para detectar e informar actividades sospechosas (prevención del lavado de activos) e informar operaciones con personas clasificadas como PEP. La ley 20.393, en tanto, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas sobre delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho. Afecta a todas las empresas, no sólo a los Sujetos Obligados.
Fiscalía Privada detecta de manera inmediata a personas con antecedentes delictuales relacionados con las leyes mencionadas y considera también los delitos vinculados con el lavado de activos.
